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La torpeza energética de Europa

  • Published in Desarrollo

Europa, y España no es una excepción, ha dejado su seguridad energética en manos de países terceros –en su mayoría no democráticos, inestables y poco respetuosos con los derechos humanos- y de los lobbies que tiburonean nadando entre las necesidades energéticas de un continente y la maximización de las ganancias a costa de los estados y los consumidores cautivos.

La mayoría de los solemnes pronunciamientos y acuerdos de la UE para reducir las emisiones, luchar contra el cambio climático y apostar por las renovables como alternativa energética, han quedado casi siempre en agua de borrajas. Repetidamente, invariablemente, han prevalecido los intereses geoestratégicos o localistas sostenidos en el carbón, el petróleo, el gas y las nucleares, frente a una verdadera alternativa verde, limpia y sostenible.

A principios de este año, y a pesar de las protestas de algunos países, la Comisión Europea tomó la decisión de declarar “verdes” las inversiones realizadas para afianzar el gas y las nucleares como energías en las que sustentar el sistema energético europeo. Se trataba de una sorpresiva huida hacia delante, de un giro en las políticas energéticas europeas, a pesar de que la mayoría de los expertos se apresuraron a advertir que eso significaba realmente un puntillazo a la penetración de las energías limpias en el conjunto del continente y un freno al compromiso de limitar las emisiones de CO2 y evitar el avance del calentamiento global.

Nada se produce por casualidad. Hace unos días hemos conocido los resultados de una investigación realizada por Greenpeace por la que se ha descubierto que empresas ligadas al Kremlin presionaron en Bruselas para etiquetar como “verdes” las inversiones en energía nuclear y gas fósil. Según el informe elaborado por la organización ecologista, las empresas rusas Gazprom, Lukoil y Rosatom y sus lobbies se reunieron con los comisarios y altos funcionarios de la UE al menos 18 veces para influir en la decisión (con nocturnidad, en plena nochevieja de 2021) de incluir el gas fósil y la energía nuclear en la categoría de inversiones sostenibles de la UE. Por ahí debía andar, seguro, el excanciller alemán Shröeder, empleado de Gazprom o de la petrolera rusa Rosneft.

La inclusión de estas energías contaminantes en la taxonomía verde europea (un sistema de clasificación para deslegitimar o no prácticas pretendidamente sostenibles) le daba al gobierno de Putin no solo más poder de negociación sobre la UE sino también más dinero para afianzar sus políticas de expansión y alimentar la guerra que ya tenía pensada contra Ucrania. Rusia preveía ganar así 4.000 millones de euros más al año con un incremento de la capacidad del comercio del gas al entrar en la taxonomía, lo que supondría un total de 32.000 millones de euros para 2030, mientras que la inclusión de la energía nuclear como “verde” permitiría a Rosatom, la empresa estatal rusa de energía nuclear, con fuertes vínculos comerciales con la industria nuclear europea, asegurarse una parte de una inversión potencial estimada de 500.000 millones de euros en una nueva capacidad nuclear de la UE.

Como cuenta Greenpeace, los crímenes contra la humanidad cometidos por el ejército de Putin en Ucrania son un cruel recordatorio de cómo la dependencia de la UE del gas fósil y la energía nuclear contribuye activamente a la guerra y a las violaciones de los derechos humanos. Es la demostración palpable de cómo la Comisión Europea se doblega a los grupos de presión y a los intereses económicos de terceros países, en este caso de Rusia. De cómo las relaciones entre la oligarquía energética rusa y los lobbies políticos-empresariales en Bruselas condicionan las políticas oficiales europeas. Todo eso explica que Rusia sea el mayor proveedor de combustibles fósiles a la UE. Más del 45% del gas, un 25% del petróleo y un 45% del carbón provienen del país de Putin. Y había jugado inteligentemente a aumentar los precios para aumentar sus ganancias y generar malestar social en los países europeos.

Según el Consejo Mundial de la Energía, la dependencia exterior de la UE de los combustibles fósiles supera el 60% y los porcentajes indican asimismo que es Rusia el mayor proveedor con diferencia. Durante décadas se miró para otro lado y no se hizo prácticamente nada para cambiar esta situación, a pesar de las declaraciones rimbombantes que parecían orientar las políticas energéticas hacia la sostenibilidad. Humo.

Son, por cierto, los mismos o parecidos lobbies que han impuesto el sistema marginalista en los precios de la generación de electricidad amparando ganancias multimillonarias para las empresas energéticas, frenando el desarrollo económico de los países al encarecer los sistemas de producción y empobreciendo a las familias. Solo esta crisis bélica ha hecho a la UE abrirse por primera vez a revisar el mercado eléctrico porque –dice- “no está diseñado para situaciones de emergencia”, pero sin tocar el mercado marginalista.

La guerra de Rusia contra Ucrania ha puesto en evidencia estas políticas suicidas de abandono de la seguridad energética necesaria para un continente. Y ha cogido a la UE con el pie cambiado y sometida a una fragilidad energética brutal. Y a partir de ahí se lanza a intentar garantizar el suministro a cualquier precio ante un riesgo más que cierto de emergencia energética. Mientras se sigue comprando el gas a Rusia y financiándoles la guerra contra Ucrania –paradójicamente y cómplicemente-, porque no se tenían alternativas a esta dependencia de Putin (Rusia ya se ha embolsado por este concepto más de 60.000 millones de euros, o de rublos, porque las grandes gasistas están esquivando las sanciones), la Comisión elabora una estrategia de racionalización del gas, de restricciones al consumo y se lanza a la desesperada a buscar a nuevos proveedores.

Y busca desesperadamente de nuevo la seguridad de suministro en países terceros y en EEUU. Cientos de barcos metaneros cruzan el Atlántico desde EEUU para proveernos de gas de esquisto, obtenido por la altamente contaminante técnica de la fractura hidráulica (fracking). Y se fijan en España. El estado español es el mayor importador de gas natural licuado de la UE, está unido a Argelia por un gasoducto y dispone de una red de grandes terminales de regasificación ociosas, seis en total. Y entonces saca pecho y juega a ser el salvador de Europa. El gran almacén de Europa. Y Europa se lo cree. Y se empieza a pensar en recuperar la idea de 2013 de la construcción de un gasoducto entre Cataluña y Francia (el proyecto Midcat, con un coste de 442 millones de euros) y ser la puerta de entrada del gas licuado que llega desde EEUU. Y se habla también de una conexión con Portugal y un gasoducto con Italia para acercarnos a Argelia (se prevé una inversión para este último de 2.500 millones de euros). Por lo pronto han incluido una partida inicial de dos mil millones de euros en infraestructuras para sortear vetos de países como Hungría al embargo de petróleo, como cuenta El País.

Para hacer esto posible se necesitarían inversiones costosísimas (miles y miles de millones de euros) que tendrían que salir de la misma hucha de la que tendría que nutrirse la penetración de las renovables. Se profundizaría en la dependencia del exterior y se frenaría radicalmente la inversión en renovables hasta la amortización de las inversiones en infraestructuras gasistas. Una locura, pero la improvisación y la emergencia fruto de la falta de previsión nos está llevando a ello desde más improvisaciones y más sometimientos a terceros. Renunciando a la soberanía energética y a un vuelco decidido hacia las energías limpias. Otra cosa es que dispongamos de los medios adecuados, de la materia prima necesaria, para la revolución renovable. Seguiríamos dependiendo de países como China, pero puestos a depender, mejor hacerlo apostando por las energías limpias.

Y en esta boutade española de nuevos ricos -no alcanzo a entender otra razón- el Gobierno de España, insisto en que creyéndose los reyes del mambo, aprueba un Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes, en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, donde incluye con calzador, en modo colonial y de espaldas a las instituciones y la sociedad canaria, una disposición cuarta por la que se imponen las regasificadoras en las islas sin autorizaciones administrativas previas. Y para más inri, ante el enfado de una buena parte de la ciudadanía y las organizaciones sociales y gubernativas, hace un amago de corrección, pleno de ambigüedad y de inseguridad jurídica, que nos deja en la misma situación.

No se nos puede tomar el pelo de esa manera. Ya Canarias decidió hace muchos años que no cabe otra opción para las islas que las renovables. Que cualquier inversión gasista supondría una hipoteca para las energías limpias. No cabe aquí otra cosa que las energías verdes y para eso habría que reducir la burocracia, facilitar el autoconsumo en mayor medida, despejar la ordenación de la eólica marina, instalar grupos de generación más flexibles y profundizar en el almacenamiento. No cabe otra y menos otra centrada en combustibles fósiles como el gas. Ni como respaldo ni otras zarandajas. No nos van a imponer otro modelo.

La ONU, en su último informe anual (Estado del clima global en 2021), afirma que cuatro marcadores clave del cambio climático batieron nuevos récords en el último año. Su Secretario General, António Guterrez, asegura con rotundidad que “el mundo debe reducir su dependencia de los combustibles fósiles con celeridad dado que nos lleva cada vez más hacia la catástrofe”. Y por aquí empeñados en inversiones millonarias en infraestructuras gasistas.

Por cierto, según una investigación dada a conocer por la entidad Transport & Environment, especializada en el impacto del tráfico marítimo, los barcos movidos por Gas Natural Licuado (GNL), no suponen ninguna ventaja para la atmósfera e incluso pueden ser más contaminantes que los propulsados por el fuel oil debido a las emisiones de metano no quemado. La misma tesis que he defendido siempre para hacer valer que el gas no es la solución para Canarias.

Antonio Morales Méndez

Presidente del Cabildo de Gran Canaria