Educación

Estimada compañera

La Educación Afectivo Sexual (EAS) es un derecho de la población, recogido por la OMS junto con otros derechos sexuales, y una tarea imprescindible y compartida.

El posicionamiento de la Administración educativa y algunos sindicatos y la consiguiente firma, con la oposición del STEC-IC, de un acuerdo que modificará sustancialmente la actual normativa de Listas de Empleo, vaticina el despido de cientos de personas que ya pertenecen al cuerpo docente.

Cerca de cuatro meses han transcurrido desde que el denominado “Pacto de las Flores” accediera al Gobierno de Canarias.

La publicación de unas listas “informativas” por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, con casi 11.400 inscritos para la ampliación de las Listas de Empleo docentes, ha venido a confirmar la enorme “chapuza” que está suponiendo este procedimiento que va a condicionar el futuro laboral de miles de docentes en el archipiélago.

Desde nuestro convencimiento de que somos seres para el contacto, la vinculación y la vida social, de que somos profundamente interdependientes, que nos necesitamos para poder sobrevivir, y que los cuidados deben ser compartidos, consideramos que se deben establecer las condiciones educativas y sociales para que cada persona pueda construir  su biografía sexual y afectiva de una forma positiva, diversa, sin elementos discriminatorios de género y libre de riesgos, para que asuma que cuando mantiene una relación que involucra a otra persona, ésta debe estar guiada por la ética relacional del placer y el bienestar compartido, sin coerciones ni engaños.

EL RINCÓN DEL BONZO

EL  BAR DE PEPE

Para el sindicato, acabar con los conciertos educativos, potenciar la educación pública, 5% del PIB para la educación, más plantillas y menos ratios, son líneas programáticas indispensables

El STEC-IC exige públicamente a la Consejería de Educación que, con carácter inmediato, comience a abonar los nuevos Sexenios reconocidos al profesorado durante 2018, así como los complementos por Coordinación en TIC, Convivencia y Prevención en Riesgos Laborales, además del incremento del complemento de cargos directivos, recogido todo ello en el Acuerdo de mejora del marco retributivo del profesorado firmado el día 1 de septiembre de 2017.

A pesar de lo que hemos avanzado, sigue siendo una urgencia social abordar y mejorar la educación, la formación de nuestros muchachos y muchachas.

En este país, los debates sobre la educación y, especialmente, sobre el modelo idóneo de este servicio público, están desenfocados y confundidos para una parte de la sociedad que ha sido manipulada -y en parte corrompida-, por la propaganda de ciertos grupos con intereses en la educación como negocio. Bajo la bandera de la libertad de enseñanza se esconde un gran engaño, basado en el clasismo y la insolidaridad.

En 2014 el Parlamento de Canarias aprobó la Ley Canaria de Educación no Universitaria que constituye el marco normativo indispensable que requiere nuestro sistema educativo para dar un salto adelante y garantizar el derecho de los canarios y las canarias a una educación digna.

El proyecto de presupuestos presentado por el gobierno de Canarias para 2019, respecto a la educación y los servicios públicos, son un ejemplo de publicidad engañosa y manipulación informativa.

El cuento de las rebajas fiscales se vende bien en una sociedad acrítica y desinformada. Si nos dicen que para el próximo año tienen previsto unas rebajas en el IRPF y en el IGIC que me pueden suponer un ahorro medio de 200 euros anuales, lo aceptamos y lo aplaudimos. Con frecuencia no percibimos el engaño que esconde esta publicidad.

Todos los sindicatos de las Juntas de Personal docente de ambas provincias de la Comunidad Canaria (STEC-IC, ANPE, CC.OO., INSUCAN, UGT, SPS, SEPCA, COBAS, CSIF) de forma unitaria, han hecho un llamamiento a los centros educativos de Canarias para que a través de pronunciamientos de sus Claustros y Consejos Escolares apoyen la campaña que viene desarrollando la “Plataforma ciudadana por el 5% del PIB para la Educación” que exige el cumplimiento de la Ley Canaria de Educación.