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El Consejo del Poder Judicial y la justicia basura

EL BAR DE PEPE

“No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia. A veces, la política no se ejerce con las leyes, pues estas pueden resultar injustas.” Montesquieu.
A la Justicia se la puede definir como el arte de hacer lo justo, y de "dar a cada uno lo suyo" (Ars Iuris), básicamente esto nos dice que la justicia es la virtud de cumplir y respetar el derecho, es el exigir sus derechos, es otorgar los derechos a un individuo. La Justicia no es el dar o repartir cosas a la humanidad, sino el saber decidir a quién le pertenece esa cosa por derecho. La Justicia es ética, equidad y honradez.
Pero nuestra justicia, la justicia que sufrimos los españoles ¿se le puede llamar ética, equitativa y honrada? Difícilmente puede ser ética y menos equitativa y dudosamente honrada. Digo difícilmente porque una justicia que se basa en leyes confeccionadas por 360 señores de dudosa reputación jurista y la gran mayoría mediocres y sin el graduado escolar, no tiene visos de funcionar con la excelencia que exigimos los ciudadanos. No puede ser independiente siempre y cuando sus miembros ejecutivos son nombrados a dedo, por partidos políticos con mayoría representativa en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
La Justicia está obsoleta, lenta y alejada, cada vez más, de los ciudadanos que desconfían cuando comprueban que las leyes se hacen a la forma y medida que exigen los poderosos, el poder fáctico de oligarquías financieras y oligopolios carroñeros obviando a la gente que sufre esos abusos. Cuando se multa a una pareja de desempleados y por una declaración del IRPF errónea y se les embarga la prestación, mientras se amnistía a los defraudadores con millones de euros evadidos en paraísos fiscales y cuya procedencia en muchos casos proviene del narcotráfico, trata de blancas, prostitución, tráfico de órganos humanos, etc.
El caso de los afectados por el medicamento llamado Talidomida es el fallo judicial más sangrante que se ha podido ver en la justicia española, comparándola con las similares de nuestro entorno.
Para aquellas personas que no han seguido el tema aclararé que la Talidomida que fue desarrollada por la compañía farmacéutica alemana Grünenthal GmbH, es un fármaco que fue comercializado entre los años 1958 y 1963 como sedante y como calmante de las náuseas durante los tres primeros meses de embarazo.
Como sedante tuvo un gran éxito popular ya que, en un principio, se creyó que no causaba casi ningún efecto secundario y, en caso de ingestión masiva, no resultaba letal. Este medicamento, producido por Grünenthal GmbH en Alemania, provocó miles de nacimientos de bebés afectados de focomelia, anomalía congénita que se caracterizaba por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades.
La talidomida afectaba a los fetos de dos maneras: bien que la madre tomara el medicamento directamente como sedante o calmante de náuseas o bien que fuera el padre quien lo tomase, ya que la talidomida afectaba al esperma transmitiendo los efectos nocivos desde el momento de la concepción.
Los afectados por este engendro de medicamento, unos 2.000 en España de los que 1.000 habrían desaparecido, han luchado durante 59 años por lograr que el Estado  le reconozca lo que a simple vista es vista se puede apreciar, unas personas malformadas, maltrechas que han sufrido una infancia horrible y una vida llena de inconvenientes, dolores y discriminación social y laboral llevan toda una vida para que la justicia les diera la razón y condenará a los laboratorios a indemnizar a las víctimas, inocentes víctimas.
Ante toda esta maraña de incomprensión, de la más mínima capacidad de raciocinio, de cordura “humana” el día 22 de noviembre del año 2013, el juzgado de primera instancia número 90 de Madrid sentenciaba en contra de la farmacéutica alemana a indemnizar a cada afectado con la cantidad de 20.000 euros por cada punto porcentual de minusvalía. Anteriormente y en los años 70 los laboratorios Grümenthal GmbH fueron condenados por la justicia alemana a pagar hasta 7.000 euros al mes en forma de pensiones vitalicias a los discapacitados por la talidomida. Estás pensiones tienen una revisión anual de acuerdo con el I.P.C alemán.
Recurrida la sentencia por los laboratorios el pasado 13 de octubre del año 2014 la Audiencia Nacional anuló la sentencia del juez del Juzgado número 90 de Madrid alegando que estiman que las acciones ejercitadas por AVITE (Asociación de Víctimas Talidomida en España) han de entenderse "prescritas, por lo que proceden a revocar la sentencia y desestimar en su integridad la demanda interpuesta".
Las amplias mallas legales diseñadas para proteger a los poderosos no dejan resquicio para la defensa del paria que, a expensas de un abogado de oficio, generalmente mal retribuido, que olvida plazos de presentación de recursos y alegaciones dejando en indefensión al presunto culpable que, en la mayoría de los casos, acaba irremediablemente en la cárcel.
Una justicia que necesita un millar de muertes por suicidio, para manifestar su rechazo a una ley hipotecaria anticuada e injusta y al servicio de los grandes poderes financieros no es, como mínimo, justa. Cuando se oponen por objeción de conciencia al matrimonio homosexual y son capaces de firmar, sin que le tiemble la mano, un desahucio a familias azotadas por el drama del desempleo alegando que la “ley es para todos y se tiene que cumplir”, deja de ser la “mano de la ley” para convertirse en “la mano del verdugo”

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