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La justicia europea da la razón al Polisario y anula los acuerdos comerciales y pesqueros con Marruecos

(SPS) En un fallo histórico cuyas implicaciones irán más allá de lo económico, el Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) ha declarado este miércoles 29 de septiembre ilegales los acuerdos comerciales y de pesca suscritos entre Bruselas y Marruecos en 2018 y 2019, respectivamente, por incluir de forma ilegal al Sáhara Occidental, último territorio no autónomo de África que espera desde hace décadas para ejercer su derecho reconocido a la autodeterminación.

El auto da la razón así al Frente Polisario, que recurrió a la justicia europea sendos acuerdos bajo la premisa de que se estaban explotando materias primas de un territorio que no se encuentra bajo soberanía alauí.
Con esta importante decisión judicial se refuerza la jurisprudencia europea contra la explotación de recursos naturales en el Sáhara Occidental. En 2016 un acuerdo similar en materia de agricultura fue igualmente declarado ilegal por incluir el territorio saharaui. Entonces las autoridades de Rabat reaccionaron a la decisión del TJUE rompiendo todos los lazos con las instituciones europeas, una crisis diplomática de primer nivel al verse comprometidos los trabajos en materia de seguridad e inmigración entre otros.
Falta por ver si Marruecos repetirá estrategia en esta ocasión. La decisión de la justicia europea llega un momento especialmente delicado para la monarquía alauí que mantiene frentes abiertos con Alemania, a causa de la postura germana respecto al Sáhara; con España, donde aún resuena la crisis migratoria de Ceuta; con Argelia, país que ha cortado recientemente las relaciones con Rabat; y con el Sáhara Occidental, donde el Frente Polisario ha recrudecido el conflicto armado iniciado en noviembre de 2020.
El TJUE justifica su decisión asegurando que "no se ha respetado la exigencia relativa al consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental, en su calidad de tercero respecto de los acuerdos controvertidos". Este requisito era vital, pues al incluirse en los acuerdos un territorio no autónomo la población local debía ser consultada, algo que desde las instituciones europeas se hizo en un proceso denunciado desde el inicio por el Frente Polisario; en concreto Bruselas consultó sobre el terreno a algunos organismos que no eran representativos de la realidad saharaui, pues como recuerdan fuentes del Polisario “se vive una situación de ocupación y represión que Marruecos intenta esconder proyectando una imagen distorsionada”; el fallo da la razón a esta premisa.