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Ecologistas en Acción denuncia rutas ilegales en motos en espacios protegidos de Lanzarote

Alertan de daños ecológicos causados en zonas protegidas del Parque Natural de Chinijo

El nuevo grupo de Ecologistas en Acción en Lanzarote, acaba de presentar esta semana denuncia penal ante los Juzgados de Arrecife por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente con agravación por espacio natural protegido por la realización de rutas organizadas con motos de cross y trail en el Parque Natural de Archipiélago Chinijo, zonas incluídas en la ZEPA Islotes del norte de Lanzarote y Famara y ZEC Archipiélago Chinijo.

Ecologistas en Acción ha realizado un seguimiento de estas actividades a través de redes sociales y, constatados sobre el terreno los daños sobre hábitats y especies vulnerables y especialmente protegidas, ha puesto todos los datos sobre los organizadores y participantes en conocimiento de las autoridades judiciales. Las zonas afectadas incluyen los lugares de Hoya del Santo, Vega de Soo, Montaña Chica, Caldera Trasera, Montaña Pico Colorado, Montaña de Mosta, Caldera del Cuchillo, El Cuchillo, Montaña de Tinamala y Pico de las Nieves, todos en Teguise y Tinajo.

Desde el grupo de Ecologistas en Acción Lanzarote denuncian como estas actividades ilegales se están haciendo cada vez más frecuentes, mientras las administraciones miran para otro lado. El hecho de que los propios organizadores gravaran las actividades ilegales desde un dron y las colgaran en Internet evidencian la sensación de impunidad y ausencia de control ante conductas presuntamente delictivas y que vulneran abiertamente el régimen de protección de espacios naturales protegidos.

Desde la organización ecologista se teme que, ante la actual crisis, se vuelva apostar por el fracasado binomio construcción y turismo depredando el territorio y destruyendo el medio ambiente. Desde la nueva asociación indican que están preparando varias denuncias más y que permanecerán vigilantes para impedir que este tipo de conductas se repitan y que las autoridades competentes omitan su deber de control y denuncia.