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Santiago Pérez lleva a la Fiscalía Anticorrupción 36 nuevos decretos de Clavijo

Con la presentación de esta denuncia, son ya 85 los Decretos dictados por Fernando Clavijo entre  2011 y 2015, comprometiendo y abonando cantidades  millonarias  en  beneficio de determinadas empresas, en contra de las normas esenciales de la contratación pública. Cada uno de los Decretos puede ser  delito de prevaricación, indiciariamente.

La experiencia de estos  42 años desde la aprobación de la Constitución de 1978, afirma Santiago Pérez,  nos enseña que las ilegalidades en la contratación pública son  la puerta de entrada principal  de la corrupción en la vida institucional  y del debilitamiento de la confianza  de la ciudadanía en el sistema democrático.  
El concejal lagunero Santiago Pérez  ha presentado una nueva denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Se sustenta   en  otros 36 Decretos que dictó  Fernando Clavijo, en los años 2011 y 2012, “levantando los Reparos”; es decir desoyendo  las expresas advertencias de ilegalidad  planteadas por  la Intervención en Informes suscritos   no sólo por el interventor, sino también por el jefe del Servicio de Fiscalización, y por la jefa de la Sección de Control y Fiscalización del Ayuntamiento.
Con la denuncia se han aportados los 36 Decretos y los 36 Informes de Intervención. En total, 72 documentos oficiales.
Mediante estos Decretos se autorizó    a dedo a determinadas empresas a continuar gestionando los principales servicios municipales después de vencidos los  contratos, o se les concedieron  prórrogas ilegales --con efectos retroactivos--  de contratos ya  extinguidos,  o se saltaban  los controles de legalidad  sobre la falta de justificación de los gastos comprometidos por medio de dichos Decretos.
Autorizaciones de continuidad
“Esta Intervención ha informado en reiteradas ocasiones que la adopción de acuerdos de continuidad de la prestación del servicio no puede ser utilizada para eludir la tramitación del correspondiente expediente de contratación tal y como exige la Ley de contratos del Sector Público. Preceptos cuya razón de ser descansan en el respeto a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato, pilares básicos de la contratación administrativa, cuya conculcación a través de esta práctica conduce a la prestación del servicio sin ajustarse a la legalidad, al no resultar admisible la prórroga de un contrato ya vencido y al no haber concluido el procedimiento licitatorio que garantice el cumplimiento de dichos principios en la selección del adjudicatario”, señala reiteradamente la Intervención en sus informes.
Y añade que “con la adopción de estos acuerdos autorizando la continuidad de la prestación del servicio podemos entender que se persigue es la prórroga de dicho contrato, una prórroga contraria al ordenamiento jurídico, al no ajustarse a la legislación de contratos…”. En consecuencia, “estas autorizaciones deberían derivar en una declaración de nulidad del acto” y en todo caso “debería haberse tramitado el correspondiente expediente de contratación”.
La denuncia subraya cómo la Intervención General pone énfasis en la expresión “esta Intervención ha informado en reiteradas ocasiones…”, lo que evidencia la continuada utilización  de estas prácticas  y el constante apercibimiento del órgano fiscalizador sobre la grave ilegalidad de las mismas, determinante de su nulidad  de pleno Derecho.
Fraccionamiento de contratos y  no justificación de precios
Otra de las prácticas ilegales consiste en el “fraccionamiento del objeto del contrato”, recurriendo sucesivamente a realizar contratos menores para prestar servicios o entregar suministros que la Administración necesita con carácter diario, mensual o anual, eludiendo así el procedimiento de licitación legalmente preceptivo.
La Intervención señala además que no se justifican los precios a abonar a las empresas a las que se han concedido prórrogas o autorizaciones de continuidad, contra lo dispuesto en la Ley de Contratos.
La única forma comprobar que corresponden a las condiciones generales de mercado y, por tanto, son los más ventajosos para la Administración y los intereses públicos es la de tramitar los preceptivos procedimientos de licitación, basado en la libertad de concurrencia y selección de la mejor oferta.
En consecuencia, el constante fraude a la legislación de contratos que revelan las prácticas descritas implica una administración desleal del dinero de los contribuyentes  y  un potencial perjuicio patrimonial para el erario público, determinado por la diferencia entre el precio no justificado que se continúa abonando a las empresas beneficiarias y el que podría obtener la Administración a través del concurso público.
La denuncia concluye señalando que “el levantamiento de los reparos de forma sistemática demuestra la intencionada  y reiterada voluntad  de incumplimiento de los principios básicos de la contratación pública. Se burla de forma consciente  el ordenamiento jurídico, poniendo la voluntad del alcalde por encima de la Ley”.
Los perjuicios económicos “son evidentes y cuantificables. En primer lugar, si otros licitadores hubieran conocido que la duración del contrato iba a ser tan dilatada, posiblemente hubieran mejorado su oferta. En segundo lugar, con una nueva contratación entrarían en escena otras empresas, siendo posible que las ofertas que presentaran fueran más competitivas. En tercer lugar, es posible que el servicio se viera mejorado con una nueva contratación, por no hablar de que se priva a las demás empresas del derecho participar  en los contratos públicos”.
El denunciante ha puesto en conocimiento de la Fiscalía esta nueva tanda de Decretos ilegales, en cumplimiento del artículo 262 de la Ley de enjuiciamiento Criminal, porque considera que constituyen una conducta de prevaricación más que continuada  que, además, ocasionó importantes daños económicos al erario público lagunero.
Según  Santiago Pérez,  en el ámbito  de la  gestión de servicios públicos a través de empresas privadas, Clavijo consolidó  un auténtico sistema de ilegalidad  cuyos orígenes  en La Laguna se remontan en algunos casos  a la etapa inmediatamente anterior a  que accediera a la Alcaldía, tal y como desvelan algunos de los Informes de Intervención aportados.